El reparto de utilidades forma parte de las obligaciones laborales que toda empresa debe revisar cada año. La PTU es una obligación prevista en la Constitución y regulada por la Ley Federal del Trabajo. Aplica a las empresas que generaron renta gravable o utilidades netas durante el ejercicio fiscal correspondiente al año anterior y exige una gestión organizada.
Entender su alcance no es solo una tarea contable. Es una responsabilidad legal que requiere previsión financiera, orden operativo y claridad con los colaboradores.
En México, la PTU establece que las empresas deben repartir el 10% de su renta gravable entre sus trabajadores, una vez presentada la declaración anual correspondiente.
La distribución sigue un mecanismo definido por ley.
El monto total se divide en dos partes iguales:
Para la empresa, esto implica contar con registros precisos de nómina, movimientos laborales y salarios correctamente integrados. La calidad del cálculo depende directamente de la calidad de esa información.
Tienen derecho a recibir la PTU los trabajadores que hayan prestado un servicio subordinado mediante salario durante el ejercicio fiscal correspondiente.
En el caso de trabajadores eventuales y ex trabajadores, deben haber trabajado al menos 60 días durante el año correspondiente para tener derecho al pago.
Las madres y padres en incapacidad temporal por maternidad, paternidad o incapacidad médica conservan su derecho, ya que estas ausencias no eliminan la relación laboral.
Quedan excluídos:
Identificar correctamente a quién corresponde el pago es una etapa crítica. Una clasificación incorrecta puede generar inconformidades o reclamos.
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Los plazos están definidos en función de días hábiles y dependen del tipo de contribuyente:
Estos periodos están vinculados a la declaración anual. Organizar el cálculo y realizar el pago dentro de estos tiempos es fundamental para evitar retrasos y posibles sanciones.
La PTU es una obligación legal vinculada a la renta gravable del ejercicio fiscal declarado, pero su impacto no se limita al cumplimiento normativo. La forma en que se gestiona influye directamente en la relación con los equipos.
Planificar financieramente, validar la información laboral y comunicar con claridad reduce errores y evita sanciones. Al mismo tiempo, transmite orden, profesionalismo y coherencia. Cuando el proceso es transparente y se ejecuta en tiempo y forma, los colaboradores perciben seriedad y respeto por la normativa.
Una gestión anticipada refuerza la credibilidad de la empresa y contribuye a construir confianza. En cambio, retrasos, inconsistencias o falta de información pueden afectar la percepción interna y generar incertidumbre innecesaria.
Cumplir es obligatorio. Gestionarlo bien fortalece el vínculo y aporta estabilidad a la relación laboral.
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No están obligadas a repartir utilidades las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro y otras figuras específicas señaladas por la legislación vigente.
Si la empresa no realiza el pago dentro de los plazos establecidos, incurre en una falta legal. Las sanciones pueden ir de 250 a 5,000 UMA y los trabajadores pueden presentar quejas ante la PROFEDET, lo que puede derivar en procedimientos administrativos o laborales.
No. La obligación de repartir utilidades surge únicamente cuando la empresa generó renta gravable en el ejercicio fiscal correspondiente.
La PTU no debería tratarse como una urgencia, sino como un proceso que requiere planificación y orden. Anticiparse permite evitar tensiones internas y demuestra madurez organizacional.
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